EL OSCURO TRAZADO DEL VIAL DE TUDELA  


Tras la adjudicación por parte del Ayuntamiento de Tudela de la cuarta fase del Sistema General Viario a la UTE Industrias Alfálticas de Navarra y Construcciones Calvo, ambas relacionadas con la adjudicataria de la primera fase Harinsa, hemos considerado oportuno recuperar lo que ocurrió en la primera fase con el objeto de tenerles informados y asimismo, para que nada de lo que ocurrió vuelva a suceder. Una información que fue publicada en el periódico Empresarios de Navarra en su número 78 con fecha 21 de febrero de 1997 y realizado por la que suscribe esta información.

 

Para entender el proceso es mejor hacer un poco de historia. El Ayuntamiento decide, desarrollando la P.G.O.U, llevar a cabo las obras del S.G.V. en su fase que enlaza la cuesta de Loreto con la Carretera de Alfaro. El proyecto es encargado al arquitecto Luís Cornago y su equipo, quien posteriormente se hará cargo de la dirección de la obra. El proyecto se valoró en poco más de 418 millones de pesetas.

El Ayuntamiento opta por realizar un concurso público para la adjudicación de dicha obra y la empresa HARINSA es la ganadora de dicho concurso. Su oferta fue de poco más de 348 millones de pesetas, ofertando una baja de 70 millones, es decir el 16,8 % del total.

 

Las obras se inician. Transcurre el tiempo y en septiembre de 1996 se observa que las obras están paralizadas. Puestos al habla con la empresa constructora, niega dicha paralización y sí reconoce que se ha ralentizado el ritmo de la obra hasta el mínimo. Añadiendo que, en unos diez días, se iba a recuperar el ritmo normal. También argumenta que esta situación viene obligada por el impago del Ayuntamiento de las certificaciones de obra aprobadas. Al parecer, la institución municipal tenía falta de liquidez en su tesorería. Posteriormente, se vería que la paralización tenía, además, otra causa: un exceso de obras realizadas y no contempladas en el proyecto original valoradas en casi 118 millones de pesetas, lo que supone un exceso de un 34 % sobre el coste total de las obras.

Tanto el concejal de urbanismo, Luís Casado, como el alcalde de Tudela, Luís Campoy, reconocen que se han realizado dichas obras fuera de proyecto y que suponen esa cantidad de dinero. El concejal reconoce que ordenó, siguiendo los consejos de la dirección de obra, la ejecución de dichas obras, debido a la urgencia y necesidad de las mismas, sin que, por tanto, fueran aprobadas por el pleno, cuando existe necesidad de ello para ejecutar obras de tal envergadura. Según sus palabras, recogidas en el periódico "Empresarios de Navarra" del 29 de noviembre del año pasado, "si la autorización hubiese pasado por Pleno no tendríamos polideportivo en estos momentos, o sea, que las cosas van sobre la marcha muchas veces. Y en el momento que empezaron a excavar y estaba la tierra blanda hubo que poner unos muros de contención, no hubo más remedio que tomar estas decisiones porque, si hubiese ido a pleno, nos quedamos sin polideportivo o, si llega el caso, sin Estadio Elola". (* Declaraciones 4 de febrero de 1997)

Por su parte, Luís Campoy reconoce la existencia de esas obras, pero argumenta que no sabe exactamente si el Ayuntamiento debe o no debe hacerse cargo de la totalidad del gasto. Al mismo tiempo, señaló que la paralización de las obras podría deberse también a que la empresa adjudicataria, HARINSA, no estuviese totalmente preparada para hacerse cargo de este tipo de obras públicas. (Reconocido ante los medios de comunicación en uno de los "Cafés del Alcalde").

Es oportuno comentar que la ley de contratos establece un porcentaje máximo de exceso en las adjudicaciones de obras de la Administración de un 20 %. Según dicho texto legal el Ayuntamiento debería haber obrado de la siguiente forma:

1º. Una vez detectado el exceso de obra, se debería haber modificado el proyecto original, incluyendo las nuevas obras si se considerasen necesarias.

2º. Habilitación de la partida presupuestaria que cubriese económicamente el exceso.

3º. Si esa ampliación o modificación de proyecto, que al final supone una ampliación de la obra original, excede el 20 % debería realizarse una nueva adjudicación, salvo que, por circunstancias que el Pleno Municipal entendiese oportunas, pudiese adjudicarse directamente a la empresa constructora que originalmente comenzó las obras. Estos tres pasos deben ser, necesariamente, aprobados por el Pleno Municipal.

Volviendo al relato de los hechos, el concejal de urbanismo Luís Casado tiene razón al comentar que el exceso de obra de 118 millones está motivado por estos tres temas: expropiaciones, saneamiento y por la misma ejecución de la obra. En noviembre del 96, estas fueron sus palabras sobre los motivos del exceso (Empresarios de Navarra, día 29): "Al parecer, viene motivado por varios temas: temas de saneamiento, por lo tanto no imputables al proyecto; temas de afecciones a propietarios, tampoco imputables al proyecto; de expropiaciones a propietarios que no estaban previstas; y, luego, temas que sí son imputables al proyecto o a la obra".

 

LA OBRA

Profundicemos, pues, en estos tres temas, empezando por la obra. Lo primero que debe hacerse al comenzarla es, para que nos entendamos todos, explanar el terreno por el que en el futuro inmediato va a transcurrir el vial. En esa fase de obra, se realizan excavaciones, desmontes, rellenos, aplanados, en suma, movimientos de tierra.

La empresa adjudicataria, HARINSA, subcontrata a pequeñas empresas para la ejecución de trabajos concretos. Una vez que se realizan los trabajos que están dentro del proyecto, se certifican y se pasan al Ayuntamiento para su aprobación. Una vez aprobados, están dispuestos para que la empresa constructora pueda cobrar dichos trabajos. Aquí encontramos la primera disfunción. Vamos a manejar tres datos.

En el proyecto, se prevén de excavación en desmonte T. compacto 66.500 m3. Se certifican como realizados 75.000 y, según fuentes cercanas a la obra, realmente se excavaron 51.000. Pero, hay más datos a reflejar en esta cuestión: a la hora de hacer una carretera o calle, primero se lleva a cabo lo que se denomina "el movimiento de tierras". ¿Qué significa esto?: dejar primero una capa, denominada "terraplén", excavando la tierra que sobresale y rellenando los huecos o badenes que pueda haber, para que, por supuesto, quede llano. Unas veces, puede utilizarse la misma tierra que se ha quitado de los montículos para rellenar, pero si el C.B.R. o el coeficiente de dureza del suelo no es el adecuado, es necesario traer y comprar lo que se llama "Terraplén de Préstamo". En el caso del Vial, el C.B.R. no era el adecuado: así, en proyecto, estaba prevista una partida de 36.000 m3, se han certificado 33.800 m3, y, según fuentes de la obra, lo que realmente se ha hecho es utilizar 14.000 m3 de los 51.000 m3 que se habían movido para dar forma al terraplén, adecuándolos con lo que se denomina "Patacabra". Teóricamente, lo que se ha hecho es factible siempre y cuando los ensayos de laboratorio que se hubiesen realizado hubiesen dado el coeficiente de dureza de suelo que se exigía en el proyecto.

Otro dato a añadir, también en proyecto, es la "explanada mejorada", esto es, la formación de la explanada sobre la que va el vial, es otra capa. En proyecto se prevé 9.639 m3, se han certificado 22.895 m3 y, según fuentes cercanas a la obra, se han ejecutado un total de 14.200 m3, incluida la que hacía falta en el puente realizado sobre el río Queiles.

Podríamos hablarles también de los precios por metro cúbico de algunos trabajos que anteriormente les hemos comentado, pero baste señalar la diferencia entre los precios unitarios que se certifican y los precios unitarios que la empresa tiene que pagar a la subcontrata, precios, por supuesto, inferiores, a lo que posteriormente son certificados. Precios de los cuales tenemos conocimiento.

Otro aspecto que quisiéramos comentarles que en el proyecto se plantea que las tierras sobrantes de la excavación se trasladen a verter a una distancia cercana a los 7 Km. Cada metro cúbico de tierra que se hubiese transportado tiene un valor. En el proyecto se contemplaba el traslado de unos 15.000 m3 de tierra y se certifican, o lo que es lo mismo se pasa factura, de cerca de 41.000 m3. Y podemos asegurarles que en una distancia no mucho mayor de 1 Km. se trasladó dicha tierra rellenando fincas rústicas de particulares que así lo solicitaron a los responsables de la obra.

Datos sobre Movimientos de Tierra

OBRA

PROYECTO

SUBCONTRATA

CERTIFICACIÓN

 

 

m3

Precio Unitario

m3

Precio Unitario

m3

Precio
Unitario*
Excavación m3 en desmonte compacto 66.499 225 pts. 51.000 195 pts. 75.097 225 pts.
Terraplén préstamo 36.051 470 pts. 14.000** 95 pts. 33.845 470 pts.
Explanada Mejorada 9.639 523 pts. 11.200 585 pts. 22.895 523 pts.

* A estas certificaciones hay que añadir el 1 % de ensayos, el 15 % de beneficio industrial y el 16 % de I.V.A. y restar el 16,8 % de baja que oferta la empresa.

** Estos 14.000 m3 son reutilizados de los 51.000 m3 que fueron excavado in situ.

  

 

SANEAMIENTO

Si hablábamos de que uno de los motivos de la desviación de 118 millones era la misma obra, otro es el tema que se suscita con la Junta de Aguas. Una vez aprobado el P.G.O.U., se observa que al emplazamiento del S.G.V. no alcanza el Plan Director de Aguas de la Ciudad aprobado en 1989. Por tanto, desde la Junta Municipal de Aguas se realiza un proyecto que lo amplía para esa zona.

Cuando se redacta del Vial, los técnicos incluyen en él la normativa que ha establecido la J.M.A. Pero, una vez aprobado y comenzadas las obras, los técnicos emiten un informe y, variando la anterior normativa, obligan a hacer algunas modificaciones en el Vial, entre ellas el aumento de las secciones de las tuberías. Ello supone un incremento en el costo de unos 20 millones de pesetas.

En otro orden de cosas, los técnicos advierten que el Proyecto del Vial incluye la red de aguas pluviales, no así en todos sus tramos las redes de aguas fecales y de abastecimiento. La J.M.A. aconsejó dejar en las aceras de "El Vial" un margen de 1,5 metros para, posteriormente, instalar esas redes. Es decir, que cuando se finalice el Vial deberán hacerse nuevas obras.

Las mismas fuentes técnicas de la J.M.A. han manifestado que la imprevisión de no incluir en su totalidad en el proyecto del Vial las redes de aguas fecales y de abastecimiento puede traer dificultades en el momento en que se urbanicen los terrenos anexos al Vial.

Curiosamente, el proyecto adolece de no contemplar estas redes, pero sí contempla la red de Gas Navarra que, tenía ya previsto su trazado.

 

 

LAS EXPROPIACIONES

El Ayuntamiento en Pleno aprobó el 2 de diciembre de 1994 la lista de propietarios afectados por el Vial. El 17 de febrero de 1995, el Ayuntamiento aprueba el resto de propietarios también afectados, completándose así la lista definitiva. Dentro de esos acuerdos se aprueba, entre otras cosas, la declaración de "Urgente Ocupación de los Terrenos" y su Expropiación Forzosa. El B.O.N. de 24 de marzo de 1995 presenta la lista de bienes y propietarios afectados por el Vial.

Curiosamente, algunas de las propiedades que deberían expropiarse no llegan al final del proceso de expropiación, sino que el Ayuntamiento entabla, paralelamente, negociaciones con algunos particulares y, en Pleno, aprueba convenios individuales y concretos para la adquisición de parcelas que deberían haber sido objeto de expropiación. Por ejemplo, el Pleno del 28 de junio de 1996 aprueba adquirir a un particular (el Sr. D. Eugenio Soldevilla Villoslada) 575 m2 pertenecientes a la parcela de su propiedad con número 1.329 del Polígono 5 de la Manzana 368 por 7.600.000 pts. Dichos 575 m2, se convierten a partir de marzo de 1996, por segregación de la anterior parcela 1329, que corresponde a la antigua fábrica de quesos "Valonsadero" y que en su totalidad mide 1606 m2, en la parcela catastral 1492 propiedad toda ella de ese particular cuando se lleva a cabo la segregación. Es decir, el Ayuntamiento compra un tercio de la parcela por 7.600.000 pesetas, casi lo que le costó al particular la compra de los 1.606 m2, como vamos a comprobar ahora mismo. Porque la fábrica no era propiedad del particular en el momento que se inicia el proceso expropiatorio, en marzo de 1995, sino que la compra en agosto de ese año. La fábrica de quesos o parcela 1329 en proceso expropiatorio desde marzo de 1995 es propiedad en esa fecha de la empresa MENHIR INMOBILIARIA S.A., Sociedad de Crédito perteneciente al Grupo BANESTO.

La empresa MENHIR era propietaria de la antigua fábrica por embargo practicado sobre la misma por un impago de los anteriores propietarios por más de 52 millones. Les recuerdo que es propietaria todavía el 24 de marzo de 1995 y, en ese momento, estaba valorada en 5 millones. Parece extraño que una parcela inmersa en un expediente de expropiación forzosa, en poco más de un año, haya sido adquirida por un particular.

El 18 de mayo de 1995, siendo propiedad todavía de MENHIR, el Ayuntamiento comunica al Registro que dicha finca está afectada en un expediente de expropiación forzosa y éste lo anota. Por tanto, todo aquel que quisiese interesarse por el estado la finca sabría que estaba inmersa en ese proceso.

El 2 de agosto de 1995, MENHIR S.A. vende a D. Eugenio Soldevilla, curiosamente socio fundador de la empresa adjudicataria Harinsa, la totalidad de la finca, o sea 1.606 m2 por 9.000.000 de pts. según consta en la Escritura Notarial. Esa compra es inscrita a nombre del nuevo propietario el 12 de diciembre de 1995.

Volviendo al Pleno del 28 de junio de 1996, en este punto se suscita el debate entre los diferentes grupos municipales. Batzarre critica la adquisición y se muestra contrario a ella por la transacción de compra-venta descrita. Por contra, sorprendente fue la razón que el portavoz de I.U., Juan Gracia*, argumentó para apoyar la adquisición: "Comparto, aunque vamos a votar a favor, el planteamiento del Señor Lacarra, y evidentemente lo que pasa que yo creo que es fruto del sistema en el que estamos metidos. El sistema urbanístico de compra-venta tampoco sabe si al final sabes si las escrituras están reflejando la verdad de las transacciones o no, porque se incluyen unos precios que muchas veces no son los del mercado, con lo cual, yo lo que quiero justificar es que nuestro voto se va a basar en que hay un Informe, al fin y al cabo del arquitecto al que el Ayuntamiento le encargo del proyecto. Que el arquitecto firma y rubrica que ese es el precio justo de expropiación y que, evidentemente, habrá que felicitar a aquella persona que compró por 9 millones y vende por 7.600.000 porque sabe aprovechar las ventajas del sistema. Los demás, pues, desgraciadamente, no entramos en ese sistema y otros, pues, no saben aprovecharlo. Pero bueno, en este caso, tal como se ha planteado y como viene el informe, vamos a votar a favor".

 

También es extraño que, en marzo del 96, siendo ya la finca de 1.606 m2 propiedad del particular, según consta en la hoja catastral, esa parcela con el nº 1.329 se anula y se crean "por segregación" 3 nuevas parcelas que tienen los números 1.491, 1.492 y 1.493. La afectada por el Vial es la 1.492, que tiene una superficie de 548 m2 y no de 575, que es lo que el Ayuntamiento ha adquirido al nuevo propietario. Siguiendo con la Hoja Catastral, en ella se refleja que lo edificado ha sido derribado y, por tanto, "pasa a suelo". El valor catastral de las parcelas es de 1.275 pts. m2, por lo tanto, la parcela adquirida por el Ayuntamiento tiene un valor catastral de 733.125 pts. y no de 7.600.000 pts, es decir, el Ayuntamiento indemnizó con diez veces el valor catastral de la parcela a un socio de la empresa adjudicataria. No es de extrañar que el presupuesto se pasara en un 34%.


Escribe: Marta Elía